Prohibir una actividad, eliminar un ingreso
El decreto del 2 de noviembre prohíbe el transporte de oro anárquico e ilegal. The authorities invoke the degradation of agricultural land, the pollution of watercourses and the need to enforce regulations. Estas preocupaciones no son incidentales: la extracción incontrolada destruye las mismas condiciones de la vida rural de manera sostenible. However, in areas where families depend directly or indirectly on gold-plating, the prohibition is not merely a police measure. Interrumpió abruptamente una cadena de ingresos: excavación, hauliers, comerciantes, restauradores, propietarios de equipos y mercados vecinos. Las autoridades guineanas deberían haber pensado en ello antes de iniciar una operación sin duda necesaria. La política pública es juzgada no sólo por la legitimidad de su objetivo, sino también por los medios empleados y las soluciones concretas ofrecidas a quienes soportan el costo. La cuestión de los ingresos perdidos se refiere a la cuestión del destino de la riqueza mineral.
Associated Press reporta más de 1.200 arrestos de personas sospechosas de haber cometido actos ilegales en la región de Siguiri y el comienzo de juicios colectivos. El Organismo también cita una estimación de más de 300.000 personas que aprovechan sus medios de vida de la minería artesanal y en pequeña escala de oro en Guinea, así como las salidas de trabajadores y familias a Malí. Estos datos proporcionan una medida concreta del costo social potencial de una prohibición sin un mecanismo de transición.
¿Quién se beneficia de la soberanía minera?
Guinea está tratando de controlar mejor el flujo de oro, reducir el contrabando y aumentar la transformación local. La apertura de una refinería y el deseo de captar más valor en el territorio representan un proyecto económico coherente. Pero ¿cuánto de los ingresos financian la infraestructura, la escuela, el agua y la atención en las áreas mineras? ¿Qué dispositivos permiten a los operadores artesanales formalizar en lugar de desaparecer? Si bien el aumento del control beneficia principalmente a algunas empresas o intermediarios, la población apenas reconoce el interés nacional de esta riqueza.
La soberanía sobre un recurso no significa automáticamente la distribución equitativa de sus beneficios a todos los ciudadanos. Por lo tanto, para juzgar la política minera es necesario examinar no sólo los volúmenes de producción o los ingresos anunciados, sino también la formalización de las actividades, el acceso a los derechos, los impactos ambientales y la asignación verificable de los ingresos públicos.
Una economía fronteriza
La presencia de extranjeros entre las víctimas nos recuerda que el medallón de oro es parte de movimientos regionales de trabajadores, capital y bienes. Si la proximidad de algunos países fronterizos afectados por el terrorismo añade problemas de seguridad a la cuestión del agrado del oro, es importante no confundir a los trabajadores móviles con traficantes conocidos o terroristas potenciales. Las autoridades guineanas tienen el derecho y el deber de combatir la trata y los riesgos de infiltración por grupos terroristas, sin confundir la movilidad económica, la explotación ilegal, el terrorismo y la delincuencia. Esta distinción requiere también la cooperación con los países vecinos.
Otro contrato minero
La salida de la crisis requiere más que un retorno a la calma. Requiere un calendario accesible para la formalización, áreas de explotación supervisadas, normas de protección ambiental, apoyo social a los trabajadores y redistribución verificable de los ingresos.